Ciudadanos plantea que bajo el estado de excepción se intervengan redes sociales, se anulen cuentas y se cierren páginas web sin autorización judicial

ultranacionalismo español

Albert Rivera cree que España, debe actualizar su marco jurídico para garantizar la eficacia en la lucha contra el terrorismo internacional. En el  partido de Albert Rivera  barajan la posibilidad de modificar la declaración del estado de excepción, un régimen que supone la suspensión de derechos y libertades y que está previsto en la Constitución para situaciones de crisis o anormalidad.

“Las herramientas jurídicas de las que disponíamos hasta ahora no se adaptan a este terrorismo de nuevo cuño”, explica a esta redacción Juan Carlos Girauta, miembro de la dirección del partido, eurodiputado y candidato al Congreso por Barcelona. “Estamos ante una nueva forma de violencia que utiliza las redes sociales para reclutar, difundir doctrina u organizar atentados”. “Este nuevo paradigma exige una puesta al día de los elementos que tenemos en nuestras manos y esa reflexión se debe hacer”.

Según ha podido saber la Cadena SER, Ciudadanos quiere presentar en su programa medidas concretas y de futuro en relación con la lucha antiterrorista. Y lo pretende hacer incluso en el marco de la reforma de la Constitución. Esas propuestas pasan por un cambio en la regulación del estado de excepción “que en determinadas circunstancias se queda atrasado”.

En ninguno de los preceptos de su articulado no se hace referencia alguna a las nuevas tecnologías de la información, cuyo acceso, creen en la formación naranja, también debe proclamarse como un derecho constitucional.

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Los de Rivera creen que es necesario dar a las autoridades la cobertura legal para impedir que los yihadistas utilicen internet como arma de expansión y difusión de la violencia. Hablan de la posibilidad de que en condiciones como las que está viviendo Francia, los cuerpos de seguridad y los agentes de inteligencia puedan intervenir los movimientos en las redes sociales.

Que la opción de cerrar cuentas, espiar comunicaciones, suspender la actividad, por ejemplo de Twitter, o infiltrase tenga un desarrollo y una seguridad legal. “Sabemos que en momentos así las policías se coordinan y hacen lo que tienen que hacer pero nosotros queremos darles garantías”, explica Girauta.

En Francia los estados de emergencia se regularon en los años 50, “¿Cómo se iban a imaginar que podía ocurrir algo así ahora?, asegura el eurodiputado que apuesta además porque en estos casos, para la suspensión de derechos y libertades de personas determinadas no sea necesaria una autorización judicial previa.Actualmente en la Carta Magna se prevé literalmente que en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de elementos terroristas, se pueda suspender el secreto de las comunicaciones (en especial de las postales, telegráficas y telefónicas) , siempre y cuando antes se disponga del permiso de un juez.

En cuanto a la dicotomía entre seguridad y libertad que siempre aparece en estos debates, desde Ciudadanos aseguran que no se quiere renunciar ni a una ni a otra. “Se trata de conjugarlas sabiendo que seremos capaces de mantener nuestros valores democráticos asegurando la eficacia en la lucha contra el yihadismo”.

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