El Ayuntamiento de Madrid condenado por ocultar información fiscal sobre Carmena. La alcaldesa podría estar ocultando la propiedad de una SICAV.

corrupción

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid ha dictado sentencia judicial por la que condena al Ayuntamiento de Madrid a aportar información sobre las ingentes Inversiones Financieras de la Alcaldesa de la Capital.

Ha tenido que ser Guillermo Rocafort, quien como abogado ha conseguido de la Justicia madrileña da un serio varapalo a la opacidad informativa sobre el patrimonio de la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, obligando al Ayuntamiento a informar sobre el origen de los 430.000 euros en inversiones financieras que declaró en el portal de transparencia municipal, en particular su descripción, naturaleza, fecha de adquisición y porcentajes, tal y como solicitó en el año 2016 el demandante.

Guillermo Rocafort, cuya tesis doctoral sobre las Sociedades SICAV fue pionera en España, tiene el convencimiento de que la Alcaldesa es propietaria de una Sociedad SICAV, como la tenía el lider de izquierdas Willy Meyer, que dimitió de su condición de eurodiputado por Izquierda Unida, al conocerse esta realidad, y como la tiene el exconcejal del Partido Popular, Pablo Cavero Martínez de Campos, el cual sí que declaró en su momento en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid sus acciones en Adagalia Sicav (1.600.000 euros).

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El Ayuntamiento de Madrid ha vulnerado flagrantemente, según consta en sentencia judicial, la Ley de la Transparencia en lo que respecta el patrimonio de su Regidora y es por ello que no cabe más solución que la adopción de responsabilidades políticas, pues es un hurto informativo muy grave a los madrileños, especialmente a sus votantes, el haberles negado esta información.

La sentencia fundamenta su resolución en el preámbulo de la Ley de Transparencia, que establece las obligaciones de buen gobierno que los responsables deben cumplir, cosa que no ha sucedido en este caso, y en Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo donde reconoce el derecho de acceso a la información pública como un auténtico derecho subjetivo.

Finalmente, el declarante manifiesta el estupor que le causa que ningún partido representativo en el Ayuntamiento de la Capital haya interpelado a la regidora municipal sobre el particular, lo cual acredita la inoperancia de la actual oposición municipal en este y en otros aspectos sustanciales, y la importancia de que de ahora en adelante todas las fuerzas políticas se posicionen sobre el hecho cada vez más constatado de que nuestros representantes públicos compaginen su representatividad política con la posesión de incalculables fortunas financieras y especulativas, en una confusión de esferas completamente inapropiada entre vida pública y vida privada.

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