El PP presenta una ley para penar con cinco años de cárcel la convocatoria de referéndums

ultranacionalismo español

El grupo del PP en el Congreso ha presentado esta mañana una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal y convertir en delito castigado con penas de hasta cinco años la organización de un referéndum ilegal. Los populares no ocultan en la exposición de motivos que la iniciativa obedece a lo ocurrido el 1 de octubre del año pasado en Cataluña cuando el entonces presidente Carles Puigdemont impulsó una consulta independentista.

En la exposición de motivos de la propuesta del PP se recuerda que en 2003 se reformó la ley penal y se empezó a castigar “con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum sin tener competencias para ello “. Además, con esta reforma se penalizaba también a que facilitaran la celebración de las consultas y los funcionarios que hagan transferencias de fondos a partidos disueltos o suspendidos.

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Sin embargo, “con posterioridad, el legislador consideró oportuno despenalizar”, añade el texto. Los populares proponen recuperar estos delitos para adaptarlo así “con rigor los acontecimientos sociales que supongan un reto o amenaza a los principios básicos de convivencia social” y porque “transcurridos más de diez años desde esa despenalización, los acontecimientos recientes de la historia de España demuestran que la normativa actual es insuficiente “, según informa el texto.

Incluir tres nuevos delitos

La propuesta implica incluir 3 nuevo delitos. El primero, castigado con pena de tres a cinco años, el cometería la autoridad o funcionario que convoque elecciones y consultas sin tener competencia para ello. La comisión de este delito también conllevará pena de inhabilitación. El segundo lo cometerían las autoridades y funcionarios que “facilitan” estas elecciones o consultas ilegales y conllevaría una pena de uno a tres años.

Finalmente, las personas que participaran como interventores o facilitaran y promovieran estos procesos una vez ya declarados ilegales serían castigados con una pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

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