El PSOE tapa al PP para que no se sigan investigando las cloacas del Estado

El juez ha advertido a los responsables de Interior, incluso personalmente a través de llamadas telefónicas, que la investigación no puede avanzar si el PSOE no desclasifica desde el Gobierno los datos secretos sobre el uso que se dio a un dinero público utilizado sin permiso judicial para espiar que «material probatorio» tenía el extesorero contra los populares

El juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no puede avanzar en las investigaciones sobre el espionaje a Bárcenas, financiado con fondos reservados de la policía política formada por el Partido Popular, conocida como «policía patriótica», porque el Gobierno actual no ha desclasificado aun los datos imprescindibles que reclama el magistrado, según ha confirmado la Cadena SER.

El juez ha advertido a los responsables de Interior, incluso personalmente a través de llamadas telefónicas, que la investigación no puede avanzar si el PSOE no desclasifica desde el Gobierno los datos secretos sobre el uso que se dio a un dinero público utilizado sin permiso judicial para espiar que «material probatorio» tenía el extesorero contra los populares.

«Hasta en tres ocasiones», según reconocen fuentes del juzgado a La Ser, han intentado contactar por teléfono con la directora adjunta del gabinete del ministro Marlaska, con el propio director del gabinete o con asesores, pero «no ha habido respuesta». El juzgado no tiene, ni los datos ni el permiso para utilizarlos, en consecuencia, la investigación se encuentra en una situación de bloqueo.

Para desclasificar esos documentos sobre los fondos reservados el Gobierno de Pedro Sánchez ha exigido al magistrado que sea más preciso que en su primera petición y delimite por fechas u operaciones las cantidades con cargo a los fondos reservados asignadas al jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo o en la Comisaría General de Información (UCAO), Enrique García Castaño.

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Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el propio juzgado pueden dar paso a esta ampliación porque la solicitud elevada el pasado mes de marzo está muy clara. El juez quiere que se desclasifiquen «las cuentas con cargo a los fondos reservados que estuviere asignada a UCAO que se hubieran entregado al investigado Enrique García Castaño desde el año 2005 hasta la fecha de su cese en la Comisaría General de Información en 2017».

El propósito del magistrado es que el imputado, por su condición de policía, pueda declarar sobre el uso de esos fondos sin incurrir en un delito de revelación de secretos oficiales. García Castaño, destituido en febrero de 2017 admitió haber participado en la Operación Kitchen junto con el comisario José Manuel Villarejo y haber entrado sin autorización judicial en un piso de los Bárcenas. Según la Fiscalía, una operación «parapolicial» diseñada por Interior para arrebatar a Bárcenas su arsenal documental contra el PP con el objetivo de proteger al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy de quien había sido uno de sus hombres de máxima confianza.

García Castaño, conocido en el entorno policial como «el Gordo» ha confesado al juez que está dispuesto a contar todo lo que hizo y su trato directo con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a quien entrego en persona todo el material sensible «robado» a Luis Bárcenas. Hasta que el PSOE quiera, toda la investigación va a estar parada.

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