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Franco seguirá enterrado en un lugar público pagado por todos los españoles

El traslado de los restos del dictador será antes del 25 de octubre y la familia lo sabrá 48 horas antes.

La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo anunciado que el gobierno quiere exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio antes del 25 de octubre.

El anuncio lo ha hecho este viernes tras el Consejo de Ministros. La vicepresidenta no ha querido concretar la fecha por “seguridad” y ha anunciado “hemos determinado disponer un espacio de tiempo, que va desde hoy hasta el 25 de octubre, para proceder a tomar las decisiones técnicas y de seguridad que nos permitan la exhumación y la inhumación de Franco», ha precisado Calvo. El Ejecutivo en funciones avisará a los familiares del dictador con 48 horas de antelación a la puesta en marcha del dispositivo en el que participará la ministra de Justicia, Dolores Delgado”, como notaria mayor del Reino”.

El Ejecutivo, tiene  vía libre para trasladar los restos del dictador, que llevan  44 años enterrados a los pies del altar de la basílica del Valle de los Caídos, tras la sentencia del Tribunal Supremo emitida el pasado 24 de septiembre que avala el proceso por unanimidad.

El Alto Tribunal además dio vía libre este jueves el último obstáculo al levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre tres recursos “de la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos”, autorizando así al Gobierno a entrar en la basílica para ejecutar la exhumación.

La familia anunció que recurrirá la decisión al Tribunal Constitucional. En una de sus ocurrencias, el prior de la abadía, Santiago Cantera, comunicó esta semana por carta a Calvo que no les autoriza la entrada para llevar a cabo la exhumación, un pulso sobre el que se ha pronunciado el Supremo, que ha advertido a Cantera de que «el artículo 118 de la Constitución obliga a todos a cumplir las sentencias firmes”.

El Supremo aclaró que la sentencia de septiembre es un «título legítimo» para ejecutar la sentencia.

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