Ilegalidades en los concursos de traslados de funcionarios de Justicia

  • La Comunidad Autónoma de Andalucía incumple la ley de traslados para funcionarios de Justicia
  • Los funcionarios titulares de Justicia avanzan la interposición de un recurso contencioso-administrativo para impugnar el concurso de traslados de 2019 si el gobierno regional no rectifica.

«El Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local está incumpliendo la ley», denuncian los funcionarios. Los empleados públicos de la cartera que dirige Juan Antonio Marín Lozano advierten de las irregularidades en las que incurre la Comunidad Autónoma de Andalucía al no ofrecer a los actuales funcionarios de justicia plazas que están reservando ya a opositores de la próxima oferta pública de empleo, que todavía no ha sido ni convocada.

Éste mismo mes de Junio la dirección general de justicia, dirigida por Juan Antonio Marín Lozano, publicaba un documento donde anuncia las plazas vacantes que serán ofrecidas a quienes aprueben las próximas convocatorias de empleo público de justicia. Por ello, los funcionarios denuncian que el gobierno regional «está cometiendo una ilegalidad manifiesta» al reservar plazas a funcionarios de nuevo ingreso que no han sido «objeto de concurso de traslado previo» entre quienes ya tienen la condición de funcionario, tal y como se recoge y exige el artículo 28.2 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre.

Esto quiere decir que se están reservando plazas  a futuros funcionarios sin haber sido ofrecidas a todos los que a dicha fecha tienen la condición de funcionarios y el derecho de participar en el concurso de traslado, que debería haber sido convocado máximo el 31 de marzo de 2019. «No es lógico que la consejería tenga tiempo para reservar plazas a personas que no son funcionarios de Justicia todavía y no para organizar el concurso de traslados en tiempo y forma», se lamentan los titulares.

También habría que hablar de todas aquellas plazas que llevan años vacantes ocupadas por interinos y por personal laboral, esto último totalmente ilegal, y que se «ocultan» año tras año y no sólo no se ofertan en el concurso de traslados si no tampoco en las ofertas de empleo público, tal y como denunció en el año 2.017 el sindicato C.C.O.O. , pero sólo con respecto a las plazas de MUGEJU, interponiendo un Recurso Contencioso Administrativo y dándole la razón en última instancia la Audiencia Nacional.

Recurso Contencioso-Administrativo

Según los funcionarios titulares, «esta decisión de la consejería, además de vulnerar 4 artículos del Real Decreto antes mencionado y 2 más de la Ley Orgánica del Poder Judicial, está vulnerando el artículo 23.2 de nuestra Constitución, que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes,» por ello los funcionarios titulares de Justicia están en pie de guerra y avanzan la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el concurso de traslados de 2019 si el gobierno regional no rectifica.

EL Ministerio de Justicia y algunas Comunidades Autónomas han rectificado

El Ministerio de Justicia y las demás comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas, llevaron a cabo la misma política de reserva de plazas a futuros nuevos funcionarios pero, tras las protestas de los funcionarios titulares, ya han rectificado en parte. De hecho, el Ministerio de Justicia, en un comunicado publicado el día 17 de este mes, además de rectificar su postura, permite a las CC.AA. sin un número elevado de peticionarios y que no tengan demanda de plazas suficientes por parte de funcionarios de carrera de otros ámbitos territoriales, a hacer lo mismo, esto es, a incluir todas las plazas que se van a ofrecer a los futuros nuevos funcionarios en el concurso de traslado 2019.

Sin embargo, en el mismo comunicado, el Ministerio ha dejado una puerta abierta para que las comunidades autónomas puedan no rectificar su decisión. En concreto, según el comunicado, ha dado instrucciones para que aquellas comunidades autónomas con gran número de funcionarios peticionarios que prevean que las plazas desiertas que tengan reservadas, en el supuesto de que fuesen incorporadas al concurso de 2019, puedan ser ocupadas por funcionarios de carrera de otros ámbitos territoriales ajenos a esa comunidad autónoma y, en consecuencia, pusieran en riesgo las plazas para ofertar a los aspirantes aprobados en las convocatorias de oposiciones de la OEP 2017-2018 del respectivo ámbito, sigan reservándolas y no las oferten en dicho concurso.

Ante esta última opción, los funcionarios titulares afirman que hay otras soluciones para las comunidades autónomas con un gran número de peticionarios, como, por ejemplo, aumentar la cantidad de plazas vacantes para el Concurso de Traslados.  «Las comunidades autónomas que no oferten las plazas al concurso de traslado estarán cometiendo una ilegalidad, diga lo que diga el Ministerio de Justicia, así que estamos dispuestos a denunciar a la Comunidad Autónoma de Andalucía, si no rectifica, porque la ley es muy clara y la están incumpliendo de manera deliberada» afirman los funcionarios de carrera.

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