La hipoteca de Montero e Iglesias incomoda a los movimientos por la vivienda digna (eldiario.es)

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La noticia de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz del grupo parlamentario, y pareja del primero, Irene Montero, han adquirido un chalet por más de 600.000 euros (con una hipoteca de 540.000) pertenece a la esfera de su vida personal. Pero como representantes de una fuerza política que ha querido hacer bandera de la transparencia y del ejemplo, este acto privado ha entrado en la conversación pública y también en los debates de las organizaciones por una vivienda digna.

La operación ha generado una evidente incomodidad en este movimiento, y no ha habido pronunciamientos oficiales al respecto. Varios portavoces y expertos habituales han preferido guardar silencio, algunos por no dar munición a quienes consideran sus contrincantes en la lucha contra la especulación inmobiliaria y otros porque creen que la polémica está inflada artificialmente. Quienes han dado su opinión, lo han hecho a título individual.

El debate se ha generado en un momento en el que se están produciendo problemas de acceso a la vivienda, con alquileres desbocados en ciudades como Madrid a Barcelona, y con subidas de precios de compra generalizadas también. Esta misma semana el Colegio de Registradores ha advertido de que los precios se han disparado un 9,4% en el primer trimestre y de que “no resulta sostenible el mantenimiento de crecimientos de precios como los que se vienen alcanzando”. Con el coste del dinero en mínimos (el euribor ha vuelto a cerrar en negativo en abril), no son pocos los que se deciden a comprar (o a intentarlo) para evitar unas rentas de alquiler inasumibles en muchos casos. En este contexto, la firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda alcanzó los 27.945 contratos en febrero, lo que supone un alza del 13,8% en tasa interanual.

La aproximación política al problema de la Vivienda de Unidos Podemos está muy centrada en la necesidad de fomentar un parque de vivienda social para alquilar y en que incluso comunidades y ayuntamientos puedan limitar los precios en casos de emergencia social, como se refleja en una de las proposiciones de ley presentadas sobre la materia.

Aunque reconoce este papel de la formación a la hora de llevar al debate parlamentario buena parte de las medidas defendidas por los sindicatos de inquilinos, el antropólogo y experto en vivienda Jaime Palomera se muestra crítico, sobre todo, con el mensaje que se puede estar dando ahora de que pagar un alquiler es tirar el dinero.

Palomera  opina que “no se debe de llevar el debate al terreno ético o moral, sino a qué significa en el momento actual que figuras políticas de referencia planteen que la solución a la vivienda pasa por una hipoteca”. Pone también el acento en el hecho de que  “en este momento centenares de miles de personas, muchas de la misma edad de Pablo e Irene, tienen una gran dificultad para acceder a la vivienda, se encuentran asfixiadas, o son directamente expulsadas. Hay que pensar en el relato público”. 

En cuanto al hecho de que se haya dado a conocer que se ha pedido un préstamo de 540.000 euros, Palomera recalca que pese a que “todas las políticas públicas se han diseñado para penalizar el alquiler” el modelo hipotecario se ha manifestado como “fallido”. “Muchos de los que llegaban a la PAH habían firmado su hipoteca pensando que era lo mejor para su economía”, recuerda.

Su tesis sobre el mercado de la vivienda es que hay una “jugada simbiótica” financiero–inmobiliaria que conduce a gran parte de la población a hipotecarse: los fondos buitre compraron a precio de saldo los activos tóxicos de los bancos durante la crisis, después se han aplicado en elevar los precios del alquiler, con ayuda de leyes como la LAU de 2013. La tercera fase será la de la venta por precios muy superiores, que es donde harán el verdadero negocio, pronostica.

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Abunda en estas ideas el sociólogo Javier Gil, también especializado en temas de vivienda: “Se trata de soluciones individuales a problemas colectivos, que solo se pueden permitir algunos privilegiados”. El verdadero problema, añade, es que no exista un mercado de alquiler “digno, estable y asequible” para la población, y que la vivienda en propiedad y el endeudamiento “sea la única posibilidad para establecer proyectos de futuro y de familia”.

Al respecto, fuentes de la formación que dirige Pablo Iglesias matizan que “Podemos sigue defendiendo la dignidad y el derecho a la vivienda como lo ha hecho siempre” y aseguran que son “perfectamente conscientes” de que el acceso a la vivienda es un problema para la gran mayoría de los madrileños. “La gentrificación y la burbuja inmobiliaria, también del alquiler, son cuestiones gravísimas que afectan a nuestras ciudades y de las que no nos olvidamos”.

Para Gil, la compra del chalet “no ayuda a las personas que pensamos que la solución a la crisis habitacional pasa por soluciones colectivas que permitan el acceso a una vivienda digna al conjunto de la población”.

Cree que su decisión se presenta como una derrota política, “porque da a entender que la única alternativa es el sálvese quien pueda: si te lo puedes permitir, endéudate y cómprate una casa”.

A su juicio, “es una pena que los máximos representantes del partido que debería liderar una reforma legislativa que ponga fin a la burbuja y a un modelo habitacional articulado sobre burbujas financiero-inmobiliarias, opten por la opción que más interesa a la banca, a los fondos buitre, a las socimis, al sector inmobiliario y al gobierno”.

Aún así, admite que la opción de compra “no es solo propia de Iglesias y Montero, y las pocas personas que se lo pueden permitir están optando por la vía de la hipoteca ante los abusos de los alquileres”.

“Esto se está yendo de madre”

La arquitecta y profesora asociada del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (ETSAM, UPM) Raquel Rodríguez no está de acuerdo con el tamaño de la polémica. “Esto se está yendo un poco de madre y está al límite del acoso. Forma parte de su ámbito privado”. Sobre si la operación colisiona con lo que las organizaciones por la vivienda digna defienden afirma: “No lo veo así…En realidad objetivamente es una pareja que se busca la vida para adquirir una vivienda en el mercado libre”.

“¿Qué debemos exigirles? ¿Que no compren? ¿Que alquilen? ¿O el barrio en el que lo tienen que hacer? ¿O la tipología de vivienda que nos parece adecuada?”, se pregunta Rodríguez. Recalca además sobre el lugar en el que se ubica la propiedad que “Galapagar no es de los sitios más exclusivos ni mucho menos. La Navata está cerca del centro, tienen servicios andando si quieren y transporte público”.

Sí reconoce Rodríguez, en referencia a mensajes pasados en los que Iglesias arremetía contra los políticos que gastaban cantidades similares en inmuebles o contra los que vivían “lejos de la la gente” que “el punto crítico está en la coherencia de esto respecto a lo que han dicho”. Para esta docente “ahí puede que tengan razón” Pero añade: “El que no afronte contradicciones en su vida que tire la primera piedra…”.

En medio de esta tormenta, fuentes de Podemos matizan las informaciones que se han ido publicando: “Irene y Pablo no se van ni siquiera a una urbanización, se van a una casa de campo a un pueblo de la sierra, para estar a 40km de Madrid y evitar el acoso al que se enfrentan cada día. Hay fotógrafos pagados por Eduardo Inda persiguiéndoles a una prueba médica al hospital, al parque donde sacan sus perros, al supermercado o a hacer la compra. La privacidad e intimidad no deberían ser un privilegio, pero las cloacas no respetan”.

La formación morada concluye: “A los políticos se les debe juzgar por cómo gestionan el dinero público, no el privado”. En ese sentido, afirman que “en Podemos lo tenemos claro: defendemos una regularización de los alquileres para evitar los precios abusivos; acabar con los desahucios sin alternativa habitacional y recuperar y ampliar urgentemente el parque público de vivienda”.

Marina Estévez Torreblanca.
eldiario.es

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