Los bancos trasladan a los clientes los nuevos gastos hipotecarios subiendo los intereses

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Los tipos de interés de las hipotecas en España llevan subiendo desde el pasado mes de noviembre de forma ininterrumpida. Fue en ese mes cuando el Gobierno decretó que el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) lo tendrían que pagar los bancos y no los consumidores. El propio presidente del Gobierno dio una rueda de prensa ‘ad hoc’ para anunciar la medida que supondría un alivio de los costes hipotecarios para el cliente, que pasarían directamente al banco como beneficiario de la garantía hipotecaria. “Nunca más”, dijo Pedro Sánchez, pero la medida ha tenido consecuencias en el precio de las hipotecas.

Las hipotecas se han encarecido sensiblemente desde entonces. En noviembre, el tipo de interés de los préstamos para la compra de vivienda se situaba en el 2,03%, y en abril (último dato disponible) había ascendido hasta el 2,15%, el dato más alto desde 2015. Así se desprende de los últimos datos del BCE.

Una subida que contrasta con la caída de los tipos de interés hipotecarios del resto de Europa, que están en mínimos históricos, por debajo de los niveles de 2016. En abril, el tipo en la eurozona fue del 1,74%, lo que amplía el diferencial con España por encima de los 40 puntos básicos. Una situación que contrasta con la vivida hasta mediados de 2018, cuando las hipotecas en España llegaron a ser más baratas que en Europa.

Esta divergencia en los tipos de interés de España respecto a Europa comenzó en diciembre y se aceleró al inicio del año, con la elaboración de la nueva Ley Hipotecaria que ha entrado en vigor en junio.

En España los bancos han decidido elevar el tipo de interés de sus hipotecas, lo que significa un mayor diferencial que va directamente a su cuenta de resultados. Este aumento de la rentabilidad de las operaciones contrarresta los nuevos costes que tienen que asumir los bancos por la decisión del Gobierno de trasvasar una parte de los gastos hipotecarios a las entidades. Al final, los consumidores terminan pagando estos costes, ya sea por la vía directa o la indirecta, aunque está por ver si el gasto termina siendo superior o inferior.

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Las entidades llevan desde noviembre pagando el IAJD y en junio ha entrado en vigor la nueva Ley Hipotecaria. Este cambio normativo traslada a los bancos los costes de notaría, gestoría y registro de las viviendas y, además, se ponen mayores límites a los desahucios, de modo que aumenta el riesgo de cobro. Esta ley se aprobó en febrero, de modo que los bancos ya llevan meses anticipando este nuevo escenario.

Según las estimaciones de Adicae, cada décima de aumento del diferencial aplicado a las hipotecas supone un coste de 2.000 euros para un préstamo medio. De esta forma, el cliente termina pagando, a largo plazo, la mayor parte de los cambios normativos. Solo desde octubre el diferencial ha subido en 0,15 puntos, lo que supondría unos 3.000 euros extra de hipoteca. “La banca no se conforma con que el euríbor siga cayendo, ni con asumir los costes de la nueva Ley Hipotecaria”, lamenta Manuel Pardos, presidente de la asociación, “las hipotecas son el gran negocio de la banca en España”.

El eonia (referencia del tipo de interés a un día en el interbancario) se ha mantenido en el entorno de su mínimo histórico durante todo el año, en el -0,37%. También el euríbor se ha mantenido en terreno negativo y actualmente está en mínimos históricos, por debajo del -0,2%.

Este desacople entre las hipotecas de España y el resto del mercado evidencia una situación diferencial para este tipo de préstamos. Además, este cambio se ha producido en los últimos meses. Todo apunta en la misma dirección: un encarecimiento de las hipotecas como consecuencia de los cambios normativos.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya alertó la semana pasada de que existe un riesgo de que los tipos de interés de las hipotecas suban como consecuencia de los cambios normativos. “Es cierto que se trasladan a las entidades algunos de los costes que antes cubrían los individuos, lo que podría suponer que las entidades trataran de hacer frente a estos costes por la vía del incremento de los precios”, explicó el gobernador, “esto depende del grado de competencia en el sector, que es muy elevado”.

*Con información de La Vanguardia

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