Pedro Sánchez amenaza con enviar a los presos políticos a cárceles madrileñas tras la sentencia

El presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, cada vez ve más claro que puede tener que repetir las elecciones al Congreso de los Diputados, ya que no obtiene de momento los apoyos necesarios para traspasar la barrera de la mayoría absoluta. El apoyo de Podemos y de los independentistas todavía es una incógnita y esto hace imposible llegar a los 176 escaños lo que puede situar a los presos políticos en una situación de incertidumbre.

Es por ello que Sánchez ha apretado el acelerador y aumentará el tono contra el independentismo. Una vez Podemos se ha alejado de su apoyo al derecho a decidir, Sánchez buscará un giro hacia la derecha y hacia el patriotismo español para convencer el enrocamiento de Ciudadanos y Albert Rivera.

Sánchez hará todo lo posible para que los presos políticos, ahora en prisiones catalanas a la espera de la sentencia, una vez se haya dictado esta resolución judicial, que se prevé condenatoria, cumplan su pena en cárceles madrileñas ,lejos de Catalunya.

Moncloa insiste en que la aritmética parlamentaria favorece a los socialistas. Sin embargo, ante una eventual repetición de elecciones si la investidura de Sánchez resulta fallida, el PSOE perfila una estrategia en clave ‘patriota’ para su campaña: no devolver a los presos políticos condenados a cárceles de Catalunya.

La clave descansa en la decisión del Tribunal Supremo que ordenará el traslado de los presos catalanes a prisiones madrileñas -de forma temporal- para notificarles la sentencia del juicio del ‘procés’, el próximo otoño. Una vez cumplido el trámite de comunicar el fallo a los acusados, en caso de ser condenatorio, la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena deberá informar a la dirección de las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco donde se encontrarán, previsible y preventivamente, los golpistas catalanes.

Serán, por tanto, las Juntas de tratamiento penitenciario de ambas prisiones las que tendrán potestad para determinar tanto el grado de clasificación correspondiente a cada uno de ellos, como cuál es la cárcel más adecuada donde llevar a cabo el cumplimiento de las penas. Será entonces cuando el Ministerio del Interior tenga que pronunciarse sobre este extremo, para el que dispone de un plazo legal de 60 días.

Esto es, si la sentencia del ‘procés’ se notifica entre finales de septiembre y principios de octubre, Sánchez se plantea agotar los dos meses disponibles para determinar el destino penitenciario definitivo de los presos políticos y esgrimir en plena campaña electoral -una repetición de generales situaría la nueva fecha de votación el 10 de noviembre- su lado más ‘patriota’ y combativo con el independentismo catalán.

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